Endesa España, dueña del 55% de las aguas de Chile
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Javier Sánchez(03/07)GRAN INTERES HA suscitado el ”Estudio de la Variabilidad Climática en Chile para el siglo XXI”, encargado por la CONAMA en el contexto de una serie de informes que nuestro país debe entregar a los organismos internacionales en relación con este fenómeno. En síntesis, el estudio concluye que la temperatura tenderá a subir y las precipitaciones a declinar, con el consiguiente impacto hidrológico.
La primera mirada que se la ha dado a este tema está más bien relacionada con el tema eléctrico, porque se inmediato se ha hecho la relación entre la escasez de agua y la inevitable crisis que esto produciría en el Sistema Interconectado Central. Sin embargo, nada se ha dicho hasta ahora respecto del impacto que esto tendrá en la vida de las personas, cuya calidad va más allá del acceso a la electricidad.A raíz de este tema es que vuelven a surgir los temas de siempre que, muchas veces, por sabidos se callan, como que la española Endesa es dueña del 54,8% de los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos en el país, pero que considerando las peticiones de caudales pendientes le permitirían controlar el 56% de los derechos no consuntivos del país. Estos derechos le permitirían instalar 5.918 MW en el sistema eléctrico, pero de los cuales sólo está por ocupar cerca de un quinto, lo que muestra a las claras que esta gran tenencia de derechos más bien apunta a evitar el ingreso de nuevos actores al sistema.Este tipo de dominio sobre el agua en Chile, que escapa al control estatal, hacen más complejo el análisis sobre el cuadro que podría enfrentar el país en el futuro frente a este recrudecimiento, inevitable a estas alturas, del cambio climático. Es en ese escenario donde vuelve a cobrar vigencia la propuesta de ley formulada hace años atrás por parlamentarios del PS que busca establecer un “consumo mínimo vital”, mediante un subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado, a favor de usuarios residenciales de escasos recursos, quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.De hecho, esta propuesta, lo que hace es recoger el planteamiento que vienen haciendo desde hace tiempo las Naciones Unidas y expertos internacionales, quienes han señalado la necesidad de asegurar este ‘consumo mínimo vital’ de agua, calculado en unos 30 litros diarios por persona, como un derecho de los seres humanos, pero también como un acto de responsabilidad política y social hacia quienes menos tienen y, por cierto, como una manera de evitar un millonario gasto que muchas naciones del mundo deben hacer en atención de salud y, por sobre todo, para evitar muertes que a estas alturas del avance científico y tecnológico se producen por enfermedades que son impresentables ante la conciencia del mundo.Un ejemplo de actitud responsable sobre este tema es el caso de Zaragoza, que ha implementado la Campaña “Zaragoza, ciudad ahorradora de agua”, iniciativa reconocida internacionalmente por su eficacia en la reducción del consumo, cuyo uso eficiente del agua, con un consumo doméstico de 109 litros por habitante y día, está muy por debajo de la media española que alcanza los 171 litros diarios por habitante. El propio Ministerio español de Medio Ambiente ha propuesto recientemente garantizar a un precio razonable el consumo de agua hasta 60 litros por persona y día, estableciendo un gravamen a partir de ese consumo. Otros organismos e instituciones internacionales han propuesto penalizar el consumo suntuario de agua y establecer tarifas específicas para usos comerciales o industriales con una progresividad que se ajuste a sus características.En concreto, tanto en nuestra preocupación y acción respecto de enfrentar el cambio climático, como en la de buscar mejores y más eficientes caminos para el manejo del agua estamos atrasados, lo que ciertamente es coherente con los tiempos excesivos que se demoró la reforma al Código de Aguas y la tardanza en implementar una política de manejo de cuencas hidrográficas. Lo importante es que en estos temas, especialmente en el uso del agua, se apliquen criterios más amplios que los económicos, como ocurrió con la decisión ciega de privatizar las sanitarias, porque de lo contrario el resultado puede ser más grave de lo que hoy nadie se imagina.En este contexto, por cierto, es que también se agudizará el debate sobre la necesidad de que Chile diversifique su matriz energética y no dependa sólo de la hidráulica (aunque esto no es un apoyo al uso de energía nuclear en ningún caso), porque de insistir sólo en esta línea seguiremos perdiendo las más importantes fuentes naturales de agua, con el consiguiente daño ambiental y cultural. Además, como en otros temas, las decisiones que hoy se adopten, repercutirán con mayor fuerza en el futuro de nuestros hijos.
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Javier Sánchez(03/07)GRAN INTERES HA suscitado el ”Estudio de la Variabilidad Climática en Chile para el siglo XXI”, encargado por la CONAMA en el contexto de una serie de informes que nuestro país debe entregar a los organismos internacionales en relación con este fenómeno. En síntesis, el estudio concluye que la temperatura tenderá a subir y las precipitaciones a declinar, con el consiguiente impacto hidrológico.
La primera mirada que se la ha dado a este tema está más bien relacionada con el tema eléctrico, porque se inmediato se ha hecho la relación entre la escasez de agua y la inevitable crisis que esto produciría en el Sistema Interconectado Central. Sin embargo, nada se ha dicho hasta ahora respecto del impacto que esto tendrá en la vida de las personas, cuya calidad va más allá del acceso a la electricidad.A raíz de este tema es que vuelven a surgir los temas de siempre que, muchas veces, por sabidos se callan, como que la española Endesa es dueña del 54,8% de los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos en el país, pero que considerando las peticiones de caudales pendientes le permitirían controlar el 56% de los derechos no consuntivos del país. Estos derechos le permitirían instalar 5.918 MW en el sistema eléctrico, pero de los cuales sólo está por ocupar cerca de un quinto, lo que muestra a las claras que esta gran tenencia de derechos más bien apunta a evitar el ingreso de nuevos actores al sistema.Este tipo de dominio sobre el agua en Chile, que escapa al control estatal, hacen más complejo el análisis sobre el cuadro que podría enfrentar el país en el futuro frente a este recrudecimiento, inevitable a estas alturas, del cambio climático. Es en ese escenario donde vuelve a cobrar vigencia la propuesta de ley formulada hace años atrás por parlamentarios del PS que busca establecer un “consumo mínimo vital”, mediante un subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado, a favor de usuarios residenciales de escasos recursos, quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.De hecho, esta propuesta, lo que hace es recoger el planteamiento que vienen haciendo desde hace tiempo las Naciones Unidas y expertos internacionales, quienes han señalado la necesidad de asegurar este ‘consumo mínimo vital’ de agua, calculado en unos 30 litros diarios por persona, como un derecho de los seres humanos, pero también como un acto de responsabilidad política y social hacia quienes menos tienen y, por cierto, como una manera de evitar un millonario gasto que muchas naciones del mundo deben hacer en atención de salud y, por sobre todo, para evitar muertes que a estas alturas del avance científico y tecnológico se producen por enfermedades que son impresentables ante la conciencia del mundo.Un ejemplo de actitud responsable sobre este tema es el caso de Zaragoza, que ha implementado la Campaña “Zaragoza, ciudad ahorradora de agua”, iniciativa reconocida internacionalmente por su eficacia en la reducción del consumo, cuyo uso eficiente del agua, con un consumo doméstico de 109 litros por habitante y día, está muy por debajo de la media española que alcanza los 171 litros diarios por habitante. El propio Ministerio español de Medio Ambiente ha propuesto recientemente garantizar a un precio razonable el consumo de agua hasta 60 litros por persona y día, estableciendo un gravamen a partir de ese consumo. Otros organismos e instituciones internacionales han propuesto penalizar el consumo suntuario de agua y establecer tarifas específicas para usos comerciales o industriales con una progresividad que se ajuste a sus características.En concreto, tanto en nuestra preocupación y acción respecto de enfrentar el cambio climático, como en la de buscar mejores y más eficientes caminos para el manejo del agua estamos atrasados, lo que ciertamente es coherente con los tiempos excesivos que se demoró la reforma al Código de Aguas y la tardanza en implementar una política de manejo de cuencas hidrográficas. Lo importante es que en estos temas, especialmente en el uso del agua, se apliquen criterios más amplios que los económicos, como ocurrió con la decisión ciega de privatizar las sanitarias, porque de lo contrario el resultado puede ser más grave de lo que hoy nadie se imagina.En este contexto, por cierto, es que también se agudizará el debate sobre la necesidad de que Chile diversifique su matriz energética y no dependa sólo de la hidráulica (aunque esto no es un apoyo al uso de energía nuclear en ningún caso), porque de insistir sólo en esta línea seguiremos perdiendo las más importantes fuentes naturales de agua, con el consiguiente daño ambiental y cultural. Además, como en otros temas, las decisiones que hoy se adopten, repercutirán con mayor fuerza en el futuro de nuestros hijos.
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