VIVIENDA DIGNA PARA TODOS LOS CHILENOS

Lo primero a mencionar, es que existe una desigualdad estructural y la vivienda se ha transformado en un icono de esta desigualdad: mientras unos pocos viven cómodamente en grandes edificaciones, con un nivel de confort comparable a los de los países europeos, otros -la mayoría de las familias Chilenas- viven hacinados en 20, 30 o 40 metros cuadrados, en viviendas con materiales e implementos de mala calidad, pésima aislación, deficientes terminaciones, deteriorando sicológica y físicamente a sus moradores, obligados a vivir marginados en la periferia de las ciudades, sumando a lo anterior la reducida infraestructura vial, sanitaria y de esparcimiento.
Nada nuevo en materia de vivienda ha realizado este gobierno. Al igual que la dictadura, se ha dedicado a dar un techo para las familias, pero no viviendas. Hoy, el gobierno prepara un plan habitacional para perpetuar el hacinamiento, se pretende entregar un subsidio para las 85 mil familias de allegados, de tal manera de entregarles una “solución habitacional” en el patio de la misma vivienda en la cual se encuentran de allegados.
La vivienda es un derecho y afecta todos los ámbitos de la vida humana. Es imperativo reformular una política de vivienda social más humana y de calidad, que asegure este derecho para todos.
Los desafíos guardan relación no sólo con aumentar la cobertura de viviendas en los sectores de menores recursos, sino también con mejorar los estándares de calidad de ellas, su localización y la calidad de los entornos físico-sociales en que se insertan. En una frase mejorar el "déficit en la calidad del hábitat". Por ejemplo, ¿cuánta es la cantidad de m2 mínimos y las condiciones de una vivienda para que viva una familia de manera digna?
Esto implica modificar radicalmente la política de vivienda, hoy supeditada a los dictados del mercado, derogar la ley 19300 y generar una nueva ley general de Desarrollo Urbano Sustentable.
En lo Urbano proponemos
Regulación efectiva del suelo urbano a través de un estado participativo que gestione la inversión pública y no deje todas las iniciativas de inversión en manos del capital privado, con el objetivo de favorecer a las grandes mayorías y no a unos pocos, como sucede actualmente.
Derogar la ley 19300 y generar una nueva ley general de Desarrollo Urbano Sustentable.
Heterogeneidad sustentable del espacio urbano.
Legislación sobre la propiedad y uso del subsuelo.
Plan maestro que organice la ciudad en torno a la idea de Barrio en base a criterios de pertinencia geográfica y sociocultural.
Participación efectiva de la población, en las decisiones respecto de la definición de los planos reguladores.
Plan de reforestación de nuestras ciudades.
Para Vivienda proponemos
Generar una Normativa para el establecimiento de estándares de habitabilidad y calidad de diseño de la vivienda (temperatura, humedad, superficies, etc.).
Aumentar a, por lo menos, 46 metros cuadrados, aplicar una política en la calidad de los materiales, mejorar los sistemas constructivos, de aislación, de arquitectura, teniendo en cuenta el entorno y los futuros propietarios.
Recuperar el derecho del Estado a la construcción de viviendas.
Utilizar parte de los fondos previsionales administrados por una AFP Estatal bajo el concepto de fondos solidarios, para el financiamiento de la compra de las viviendas.
Fortalecimiento de los Sistemas Cooperativos para su implementación en planes de vivienda.
Un fuerte apoyo a la organización social y la autogestión como base para obtener su vivienda, como cooperativas u organizaciones de allegados.
Aumentar las áreas verdes y zonas de arborización, dar realce a sectores de esparcimiento familiar especialmente en los grandes conjuntos habitacionales, un mayor equipamiento comunitario como bibliotecas bien aprovisionadas y con acceso a la tecnología, sedes sociales amplias que acojan las inquietudes de los vecinos, facilitando la asociatividad.
Fortalecer el rol de las Direcciones de Obras Municipales y Direcciones de Desarrollo Local, para ser los Co-Gestores de los programas de vivienda en cada comuna.
Apoyar fuertemente la acción de los municipios, los cuales presentan posibilidades significativas si se consideran las funciones y competencias que poseen en materia de uso del suelo, infraestructura y equipamiento comunitario, vivienda, aseo y ornato y desarrollo comunitario. A partir de ellas y mediante la aplicación de una gestión territorial participativa, pueden aportar al mejoramiento de la calidad del hábitat de los sectores más pobres, integrando y complementando esfuerzos y recursos con los niveles regionales y nacionales vinculados a esta materia.
Indemnización a los pobladores afectados por malas construcciones, reinstalación en viviendas nuevas y demolición de las dañadas. Traspaso de deudores de la banca a SERVIU, sin morosidad (caso INDAP). Para los deudores SERVIU, asimilación a la vivienda social dinámica sin deuda.